Raymundo
León Verde
BUENAS
NOTICIAS PARA LA PAZ
La
reducción de las tarifas eléctricas y el anuncio formal para la construcción de
tres importantes obras hídricas en el municipio de La Paz, compromisos firmados
en campaña por el presidente Enrique Peña Nieto, hoy son motivo de festejo por
parte de los priístas que, con ello, buscan posicionar al PRI como ejemplo del
compromiso cumplido.
Qué
bueno que hoy los priístas puedan presumir estas noticias y qué bueno para los
habitantes de La Paz porque indudablemente atienden dos de sus demandas más
sentidas: bajar el costo de los servicios de energía eléctrica y el abasto y
tratamiento de agua potable.
Ambas
noticias también han sido y serán utilizadas para la autopromoción de los
políticos priístas locales, comenzando con la presidenta municipal de La Paz
Esthela Ponce Beltrán y los senadores Ricardo Barroso e Isaías González Cuevas
que hoy resaltan la parte que les corresponde en materia de gestión para que
esos compromisos sean una realidad.
Hasta
ahora parece que las buenas noticias favorecen principalmente a la alcaldesa de
La Paz, pues están concentradas en este municipio, que además se verá
favorecido con un programa de prevención del delito que forma parte de una
estrategia nacional que incluye 57 municipios en todo el país.
En
fin, el asunto es que estas buenas noticias nacieron politizadas y seguramente
tendrán rentabilidad política para el PRI y los políticos priístas, aunque si
de gestión se trata tampoco debe dejarse de lado que el gobernador Marcos
Covarrubias Villaseñor también ha hecho lo suyo, manejando una buena relación
institucional con el gobierno federal y reuniéndose con los funcionarios para
darle seguimiento a estos compromisos.
Así
que estas buenas noticias, hay que festejarlas, no hay por qué no hacerlo, pues
más allá de que los partidos y los políticos se las adjudiquen, lo importante
es que las obras y acciones se concreten, que los compromisos se cumplan, sobre
todo porque son tantas las promesas incumplidas que la gente ha perdido la
confianza en los gobernantes.
Hoy
los priístas, pero también panistas, perredistas, petistas y los apartidistas,
todos los que habitamos en La Paz tenemos motivo para estar contentos, pero
tampoco hay que exagerar, pues los gobiernos y los políticos están obligados a
cumplir con su función, con sus compromisos, pues para eso los elegimos, bueno,
los que votamos ¿o no?
Peña
Nieto está cumpliendo con los compromisos que firmó con los habitantes de La
Paz, ahora sólo falta que le cumpla a todo el país, aunque no haya firmas, pues
la pobreza, el desempleo, la inseguridad, la corrupción y la impunidad siguen
siendo las noticias que prevalecen en
México, y si no, ahí está el caso de Caro Quintero que acaba de ser excarcelado
por “errores de procedimiento”. En este asunto, ¿quién quiere adjudicarse la
noticia?
EXTRAÑA
RETRACTACIÓN
La
retractación de dos de los tres testigos que señalaron a Daniel Sánchez Ávila
como autor material del asesinato de Jonathan Hernández Ascencio pone en
entredicho la actuación de las actuales autoridades de la Procuraduría General
de Justicia del Estado en este manoseado caso, pero también de los propios
testigos que primero aseguraron una cosa y varios meses después lo niegan.
Este
asesinato, enredado desde un principio por la falta de diligencia del entonces
procurador Francisco Javier González Rubio por la presencia en el lugar de los
hechos de varios junior´s, hijos y parientes de políticos y funcionarios, entre
ellos, su propio sobrino, vuelve al debate, luego de que las actuales
autoridades de la Procuraduría le dieron un giro de 360 grados a la
investigación, liberando a los detenidos y retirando la orden de extradición en
contra de Gary Gaines, amigo de los junior´s, quien huyó a Estados Unidos un
día después del asesinato y quien es señalado como presunto autor material del
crimen por el padre de Jonathan, Daniel Hernández. La nueva línea de
investigación provocó el arraigo de Daniel Sánchez como presunto responsable
del asesinato con base en los testimonios de quienes ahora se retractan.
Cabe
mencionar que desde un principio este lamentable hecho fue politizado, pues
ocurrió el 4 de marzo de 2010, un mes antes del quinto informe de gobierno de
Narciso Agúndez Montaño. González Rubio fue destituido el 8 de marzo de ese
año, sólo cuatro días después del crimen, por la presión ejercida por la
familia de Jonathan Hernández a través de manifestaciones por la huida de Gary
Gaines.
Para
las actuales autoridades de la Procuraduría General de Justicia el caso del
asesinato está resuelto con la detención de Daniel Sánchez, en tanto mantiene
abierta una investigación en contra de ex funcionarios de la Procuraduría por
la fabricación de culpables.
Sin
embargo, Daniel Hernández insiste en recriminar la actuación de la
Procuraduría, pero ahora con una dosis política al declarar que “yo he llevado
esta guerra en contra del gobierno, ya sabemos por quién vamos a votar”, advirtiendo
además que istas.
Entonces
cabe la pregunta ¿cuál es la verdadera intención de Daniel Hernández? ¿encontrar
al culpable del asesinato de su hijo? Que es un reclamo por demás válido, o
¿empañar la imagen del gobierno panista?
La
retractación de dos de los tres testigos que señalaron a Daniel Sánchez también
mueve a sospecha porque se da muchos meses después, inducidos tal vez porque la
falsificación de declaraciones al parecer es un delito no grave, pero según los
que saben, no en el caso de que esos testimonios inculpen a alguien sobre un
asesinato a menos que hayan sido presionados por la autoridad, hecho que ya
desmintió la Procuraduría al sostener que en la diligencia de confrontación no
hubo tal presión ni coacción y los señalamientos se hicieron en presencia del
propio abogado de Daniel Sánchez.
Ahora
el proceso en contra de este último queda en manos de un juez, ante el cual los
testigos tendrán que probar que fueron presionados, de lo contrario
prevalecerán sus testimonios primeros, aun cuando hoy se retracten. Habrá que
esperar el veredicto del juez.
SUSPENDEN
A EMPLEADOS DE LA SCT
Y
sigue la mata dando, dos empleados del centro de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes en Baja California Sur (SCT) fueron suspendidos
temporalmente de sus cargos por calificar obras malas como buenas durante el
periodo de Carlos Alberto Lascurain Ochoa. El Órgano de Interno de Control de
la SCT, derivado de una denuncia anónima presentada el 26 de agosto del 2010 a
través del portal del Sistema de Denuncias de la Secretaría de la Función
Pública registrada con el número de expediente DE-0000112/2010, determinó en el
mes de julio de 2013 sancionar administrativamente al residente general de
conservación de carreteras Francisco Medina Blanco y al residente de obra
Ricardo Enrique Yepiz con una suspensión de 30 y 60 días, respectivamente, sin
goce de sueldo, por incumplir con sus obligaciones contenidas en la Ley Federal
de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Ambos
funcionarios encargados de la supervisión, vigilancia, control y revisión de
los trabajos, así como de la aprobación de las estimaciones correspondientes al
contrato de obra pública 9-C-CB-A-532-W-0-9 celebrado por el centro SCT de BCS
y las empresas Solmex Ingeniería S. de R. L.
de C. V. y Pavimentadora Tijuana S.A de C.V. , en 2009, estando como
director general del centro SCT Carlos Lascurain Ochoa, autorizaron y por ende fueron
pagadas estimaciones por trabajos que no reunían los requisitos mínimos de
calidad y cantidad en 18 tramos, que en conjunto suman 34 kilómetros de la
carretera Cabo San Lucas-La Paz, ya que la carpeta asfáltica de estos tramos
fue aplicada por debajo de los cinco centímetros mínimos de grosor establecido
en las bases de licitación, así como en las normas de calidad de la SCT. Los
dos funcionarios autorizaron las estimaciones como si los trabajos hubieran
sido realizados conforme al contrato, cuando en la realidad el grosor de la
carpeta se hizo con un promedio de 2.5 a 4.3 centímetros, como se comprobó con
estudios realizados por los laboratorios de la unidad de servicios técnicos del
propio centro SCT de BCS.

Tal
parece que el Órgano Interno de Control de la SCT no está dispuesta a pasar por
alto irregularidades que se cometan o hayan sido cometidas en los centros SCT
de toda la República, una tarea que debe aplaudirse porque al final los
perjudicados somos los usuarios de las carreteras que estamos expuestos a
accidentes por la mala calidad de las obras, mientras unos cuantos hacen
negocios al margen de la ley, de las normas que en este caso tiene la SCT.
Ante
esta sanción aplicada en julio, por una denuncia del 2009, habrá que esperar por
parte del Órgano Interno de Control de la SCT el resolutivo en cuanto al ex
administrador del centro de esta dependencia en BCS, Samuel Araiza, quien está
implicado en una extraña relación con la empresa Camulocopa, cuya dueña es
precisamente su hermana, al menos ante el notario público.
Como
dice el dicho, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a
remojar Sammy.
PREVENCIÓN
DEL DELITO
La
Paz es el único municipio de Baja California Sur que se vio beneficiado con el
Programa Nacional para la Prevención del Delito implementado por la
Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de
Gobernación, el cual contempla a 57 municipios de todo el país.
Se
trata de poco más de 20 millones de pesos que serán aplicados en lo que resta
del año en 15 proyectos, 10 propuestos y operados por el ayuntamiento de La Paz,
cuatro por el gobierno del estado y uno por el gobierno federal.
Las
razones por las cuales sólo La Paz será
apoyada con este programa no quedan muy claras, pues se supone que es uno de
los municipios junto con el estado más seguros del país, aunque índice de robos
si es de preocupar. Otros hablan de gestión de la alcaldesa y unos más de sesgo
político porque se trata de una capital de estado gobernada por el PRI.
Como
sea que fuere, el dinero fue autorizado en este programa piloto que según
explicó Rebeca Buenrostro, coordinadora del programa por parte del ayuntamiento
paceño, para implementar acciones sociales, culturales, deportivas y recreativas,
en 27 colonias de La Paz para inhibir las conductas delictivas.
No
se trata de distraer recursos para equipamiento, capacitación y de otro tipo
para fortalecer los cuerpos policiacos, sino de recursos adicionales para
prevenir la delincuencia. Habrá que esperar resultados, pero francamente se ve
difícil que se logre una meta de disminución de la incidencia delictiva del 30
por ciento de aquí a diciembre. Difícil cuando el problema de la delincuencia
es multifactorial y no obedece a que los jóvenes no tienen nada que hacer, no,
tiene que ver con el desempleo, la pobreza, la falta de atención en las
familias a los hijos, los ninis, en fin, así que junto con este programa, pues
hay que atender todos estos temas ¿no cree?.