La
mancha urbana creció sobre un área natural protegida, según decreto de Lázaro
Cárdenas
Por Raymundo León
Verde
La
mayor parte de la ciudad de La Paz se encuentra asentada en forma ilegal en un
área natural protegida, según un decreto presidencial de 1938 que al estar
vigente genera incertidumbre a la inversión, advirtió el presidente de la
Asociación de Empresas Hoteleras y Turísticas de La Paz (Emprhotur), Agustín
Olachea Nogueda.
El
decreto publicado por Lázaro Cárdenas en el Diario Oficial de la Federación el
24 de agosto de 1938, declaró como zona protectora forestal vedada los terrenos
que rodeaban la ciudad y puerto de La Paz en ese entonces.
Los
linderos del polígono están delimitados por los cerros del Tecolote, El Coyote,
El Orégano, El Atravesado y El Bledal hasta los predios El Centenario y El
Refugio; continúan hasta el cerro Devisaderos, la mojonera del predio El
Detilito y la península de El Mogote, por lo que abarca toda la ciudad de La
Paz y sus áreas conurbadas.
De
acuerdo con el documento, el aprovechamiento de los recursos forestales dentro
de la zona señalada se concreta únicamente a la extracción de maderas muertas.
El
decreto olvidado durante 75 años, periodo durante el cual la ciudad de La Paz
creció dentro del área natural protegida, fue utilizado por el Centro Mexicano
de Derecho Ambiental (Cemda) como uno de sus recursos jurídicos para detener
los proyectos turísticos Paraíso del Mar y Entre Mares en El Mogote, una franja
de arena, dunas y manglares, frente al malecón de la ciudad.
El
presidente de Emprhotur y promotor del proyecto Entre Mares, Agustín Olachea, explicó
que el citado decreto fue creado para frenar la deforestación de los
alrededores de la ciudad de La Paz que en 1938 abarcaba no más de diez cuadras.
Señaló
que el documento quedó en el cajón del olvido, nadie le puso atención, la
capital del estado creció y fueron creados instrumentos de planeación como el
Plan de Desarrollo Urbano de La Paz (PDU) dentro del polígono citado, pero
“desafortunadamente” un juez del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa
(TFJFA) con sede en la ciudad de México lo sacó a relucir para parar el
desarrollo de los proyectos turísticos de El Mogote.
De
acuerdo con ese juez la zona protectora forestal vedada es equiparable a un
área natural protegida, por lo que “todo lo que se construyó a partir de 1938
en la ciudad de La Paz es ilegal”, señaló.
Aseveró
que se trata de una laguna jurídica “tramposa” que cualquier ciudadano puede utilizar para frenar la inversión;
un desincentivo para los inversionistas que pueden ver en ese decreto una
posibilidad de que ya en marcha sus proyectos corren el riesgo de ser
detenidos.
Expuso
que con el criterio del juez que aplicó el decreto para los proyectos Paraíso
del Mar y Entre Mares, el aeropuerto de la ciudad de La Paz, el edificio del
gobierno del estado, el desarrollo de Costa Baja y el centro de convenciones de
La Paz, en construcción, entre muchos otros inmuebles, también son ilegales.
“Es
muy preocupante porque lo que lo que debemos hacer en La Paz es crear todos los
incentivos para que los inversionistas vean que es el mejor lugar para invertir
sus recursos, pero lo estamos haciendo al revés, gracias a una organización no
gubernamental – El Cemda - que le importa un bledo el crecimiento económico de
la ciudad, ellos quieren enriquecerse a costa de detener proyectos y que no
existan oportunidades de inversión”, advirtió.
El
empresario dijo que no hubo desdén de las autoridades o los inversionistas
hacia el decreto, la realidad es que nadie lo vio, “pero esta gente lo sacó del
cajón de los recuerdos y lo utilizó como argumento para detener un proyecto, un
juez falló y se creó un riesgo para la ciudad de La Paz”.
Advirtió
que si ahorita alguien quiere frenar el centro de convenciones de La Paz que
construye el gobierno del estado a unos metros de la costa y al lado del estero
Enfermería, tiene los argumentos para hacerlo, pues existe un precedente con el
fallo del TFJFA y “aquí o todos coludos o todos rabones”.
Expresó
que para dar certidumbre a la inversión en La Paz, donde actualmente se
construyen cinco hoteles, es necesario que el gobierno del estado y el gobierno
federal tengan la voluntad para abrogar este decreto porque el fondo por el que
fue creado ya no existe.
Señaló
que si la ciudad de La Paz está en un área natural protegida como determinó el
Tribunal cualquiera de sus habitantes que quiera construir una covacha tendrá
que elaborar una manifestación de impacto ambiental y todos tendrán que pagar
derechos por hacer uso de la zona protegida, incluyendo a los pasajeros de
otros lugares que aterrizan en el aeropuerto internacional Manuel Márquez de
León.
Expuso
que existe una reglamentación muy específica en torno a las áreas naturales
protegidas y en todo caso los habitantes de La Paz la estarían violando de
forma permanente, por eso es necesario revisar el decreto.
Dijo
que como se trata de un decreto presidencial toca al presidente Enrique Peña
Nieto determinar su futuro “y creo que sería receptivo a los argumentos”, con
base en los estudios que tiene que hacer la Semarnat al respecto.
Decreto
genera incertidumbre en la inversión
El
secretario de Turismo del gobierno de Baja California Sur, Rubén Reachi Lugo,
reconoció que el decreto de 1938 es un tema que preocupa porque está vigente y
genera incertidumbre entre los inversionistas
El
funcionario aclaró que no es un tema de su competencia, pero desde su punto de
vista el marco legal de La Paz debe adecuarse a la realidad actual porque no
debe existir contraposición entre un decreto presidencial y el PDU de la
ciudad.
Dijo
que como representante del sector turístico no tiene atribuciones para decir qué
se puede y qué no en materia de planeación de desarrollo urbano, pero sí que
las inversiones turísticas se hagan dentro de un marco legal que debe
corresponder a la realidad actual, según resulte de los acuerdos de los actores
del municipio sobre lo que existe hoy y que se quiere lograr dentro de 20 ó 30
años.
Expresó
que el tema se ha platicado con Emprhotur, el Congreso local, el gobernador y
funcionarios de la federación, por lo que hay certeza de que el decreto debe
ser adecuado a nuestros días y a futuro, pues “hoy no podemos salir a vender un
destino como La Paz cuando tenemos un PDU que dice una cosa y un decreto que
dice otra”.
Dijo
que el decreto de Lázaro Cárdenas “nos sorprendió a todos”, pero está vigente y
afecta y afectará a La Paz en el futuro si no se adecua a lo que diga la
sociedad, no sólo el sector turístico pues es un tema que involucra a toda la
ciudad.
Sobre
la responsabilidad de quienes pasaron por alto el decreto y levantaron una
ciudad encima de él sin tomarlo en cuenta, a pesar de que tiene 75 años
vigente, omitió hacer comentarios.
Cemda
se opone a la derogación
El
Cemda rechazó la idea de derogar el decreto de un plumazo, por lo que planteó
su modificación para asegurar la protección de
áreas de importancia biológica en la ciudad de La Paz.
Para su modificación, le corresponde a la Semarnat a través de
la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) realizar los
estudios necesarios y determinar si las condiciones que dieron lugar al
establecimiento del decreto no se han modificado, y seguir así el mismo
procedimiento para la creación de un área natural protegida de acuerdo a la
legislación ambiental vigente, precisó.
“No se puede derogar el decreto de un plumazo, es necesario
evaluar las áreas de importancia ecológica que comprende el polígono del
decreto, como lo son los esteros Zacatecas y Enfermería, El Mogote y el Cerro
de la Calavera, entre otros sitios, y mientras subsistan sus valores
ambientales deben protegerse bajo la categoría de área natural protegida. Es
por ello el Cemda ya realizó la solicitud formal a la Semarnat y a la Conanp de
recategorización de la zona para que esto suceda”, expresó Agustín Bravo
Gaxiola, representante de Cemda en el noroeste.
Añadió que “Los fallos de
los Tribunales son específicos para Entre mares y Paraíso del Mar, y no para
toda la ciudad de La Paz, recordemos además que los proyectos se encuentran en
un humedal reconocido por la Convención Ramsar como de importancia
internacional. Es por ello la necesidad de trabajar en recategorizar el
decreto”, finalizó.
El
pasado martes 22 de enero, el presidente de la Comisión de Asuntos Turísticos
del Congreso del estado, Alberto Treviño Angulo, presentó una iniciativa de
acuerdo económico para que el poder legislativo exhorte al gobernador Marcos
Covarrubias que gestione ante el presidente Enrique Peña Nieto, la derogación
del decreto emitido por Lázaro Cárdenas “en razón de que éste ha quedado sin
materia”.
