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lunes, 21 de marzo de 2011

Sancionados 292 funcionarios en el gobierno de NAM, revela contralor

Por: Raymundo León Verde
La Paz, BCS, 18 de marzo.- La Contraloría General del Estado informó que entre 2005 y 2010, dentro del periodo de gobierno de Narciso Agúndez que concluye el 5 de abril, se abrieron 859 procedimientos administrativos y se aplicaron 292 sanciones en contra de servidores públicos del gobierno del estado por falta de apego a la normatividad.
Román Rangel Pinedo, titular de la dependencia, precisó que se aplicaron 54 destituciones, 34 de ellas con inhabilitación para trabajar como funcionarios, 18 suspensiones, 183 sanciones económicas, 9 amonestaciones y 30 apercibimientos (advertencias).
Dijo que sólo en 2010 se abrieron 246 procedimientos administrativos, 171 más que en 2005, muchos de los cuales tendrán que ser resueltos por las nuevas autoridades, pues cada expediente se lleva entre seis y ocho meses para contar con un dictamen.
Mencionó que los resultados de la Contraloría estatal de ninguna manera que mantuvieron ocultos porque siempre hubo la disposición de proporcionarlos, pero tampoco se iba a dar a la tarea de difundirlos por sí misma debido a la lectura que se le puede dar.
“Puede decirse que si se abren más procedimientos hay más corrupción y no es así, lo que hay es más control sobre el manejo de recursos de los funcionarios y menos impunidad”, aclaró.
Sobre la postura del gobernador electo, Marcos Covarrubias, de que auditará la actual administración estatal, dijo que el gobierno entrante está en su derecho, pero las cuentas públicas están aprobadas por el Congreso del estado hasta 2010 y se dejará una deuda pública menor a la que se recibió en 2005.
En cuanto a las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a diversas dependencias del estado que manejan recursos federales, dijo que el caso que más ruido hace es el de la Secretaría de Educación Pública del estado, pero está en etapa de solventación.
Explicó que el problema de la SEP de Baja California Sur no es único, sino de todas las entidades del país, que recurren a la reasignación de partidas a la dependencia para el pago de salarios a los trabajadores de la educación porque el recurso que envía la federación es insuficiente para cubrir la demanda de más aulas y profesores.
“No es un desvío de recursos porque no se aplica en un sector diferente al educativo”, mencionó.