En 2012 se registraron 20,522 homicidios dolosos en
México; 35 de ellos en BCS
Casi el 50 por ciento de los delitos en BCS son
robos
Reducir la incidencia de delitos es tarea de todas
las áreas vinculadas con la seguridad pública y la justicia, dijo
Por
Raymundo León Verde
El procurador general de Justicia del
Estado, Gamill Arreola Leal, reconoció que en Baja California Sur todavía hay
mucho por hacer en materia de seguridad pública y justicia, pero en la actual
administración se han logrado avances sustanciales, pues ya no se habla de
secuestros, de despojos a cargo de personas ligadas al servicio público, ni de
hijos de políticos agrediendo a la sociedad.
Destacó que Baja California Sur es uno
de los tres estados más seguros del país, pero para mantenerlo así, tanto la
Procuraduría como las demás instancias de seguridad pública y los poderes
legislativo y judicial deben dejar de lado las diferencias, privilegiar las
coincidencias, trabajar unidos y cumplir cada uno con su responsabilidad.
Expresó que una de las tareas
primordiales de la Procuraduría en estos dos años de gobierno ha sido el de
limpiar y ordenar la casa, pues la institución llegó a tocar fondo con
múltiples carencias de equipamiento y elementos vinculados dentro y fuera de
ella que tenían intereses diferentes a los de la institución .
Dijo que por eso se dieron de baja 150
personas (16 por ciento del personal de la PGJE) y se crearon 70 plazas con un
estricto proceso de selección y evaluación.
“Hoy la consigna de quienes trabajan en la
Procuraduría es la de cumplir con la normatividad y los fines para los que fue
creada que son los de proteger a ausentes, menores de edad, discapacitados,
víctimas y ofendidos del delito”, expresó.
Señaló que cuando llegó a la dependencia
tuvo que llevar a cabo una reorganización de las áreas, pues en la
administración se pagaban servicios de mecánica por arriba del precio a un empleado
de la Procuraduría que tenía un taller externo, o bien, hubo un incidente en
Los Cabos donde a los policías ministeriales se les acabaron las municiones en
un enfrentamiento con delincuentes.
Expresó que hoy se está procediendo al
mejoramiento de los servicios forenses fuera de la ciudad de La Paz, pues no es
posible que las necropsias se hagan de manera insalubre o que los cuerpos sean
trasladados en camionetas cubiertos de hielo como llegó a suceder en otras
administraciones.
Dijo que también se homologaron los
salarios de los policías porque había mucha disparidad y la intención es
construir dormitorios para los elementos que son enviados fuera de sus lugares
de residencia, comenzando con una unidad en San José del Cabo para 40 personas donde
podrán dormir, comer y asearse, esto para que no tengan que pagar renta de su
propio sueldo.
Puntualizó que hoy la policía
ministerial cuenta con patrullas nuevas y seminuevas y suficiente combustible
que era un reclamo permanente, además de que se distribuyen de manera
equitativa en todo el estado y no se concentran en La Paz como sucedía,
enviándose a los otros municipios las más usadas.
Para mejorar los servicios periciales se
puso en funcionamiento el sistema de huella digital balística con el cual se
logran dictámenes balísticos sobre el origen y procedencia de armas y cartuchos,
y en La Paz se construyen un laboratorio de genética para realizar análisis
genéricos para obtener resultados en menor tiempo y costo.
Además se puso en marcha un campo de
tiro virtual y se construye un Centro de Operaciones Estratégicas, aula y
oficinas del Instituto Interdisciplinario de Ciencias Penales.
En cuanto a los ministerios públicos, en
2012 se crearon siete agencias de turno simultáneo, dos en La Paz y cinco en
Cabo San Lucas, que se suman a las ocho creadas el año anterior.
El procurador dijo que se han hecho
muchas cosas en la institución para que sea más eficiente en su labor, pero en
dos años no se pueden erradicar todos los vicios que han prevalecido durante décadas.
Señaló que la Procuraduría ha sido
blanco de críticas derivadas de intereses afectados, de la grilla y de personas
que se sentían con derecho a ocupar el puesto.
Expresó que hay abogados que pueden
certificar los avances de la Procuraduría más allá de los dos o tres que se
toman como referente y que ya lo querían correr antes de que asumiera el cargo.
Sostuvo que no tiene pensado renunciar y
si está en la Procuraduría es porque tiene la capacidad, “pero como no ando
haciendo malandrinadas ni me relacionan con actos de corrupción ni con
delincuencia organizada, pues algo tienen que buscar, pero mi labor no es
contestar a todo lo que dicen, sino trabajar en lo mío y en eso estoy”.
Gamill Arreola indicó que el trabajo de
limpieza, orden y equipamiento al final tiene que dar resultados bajando los
índices de delitos que en el 2012 fue de 20 mil 886, casi la mitad de robos en
sus distintas modalidades.
Sin embargo, expresó que éste no es sólo
asunto de la Procuraduría que interviene en los delitos ya cometidos, sino de
las policías preventivas, de manera que “no se trata de echarse la culpa unos a
otros, sino de que cada quien cumpla con su tarea”.
Admitió que no resolver todos los
delitos puede contribuir al aumento de la delincuencia, pero también tiene que
ver la prevención y el entorno social como el aumento de la población y el
desempleo, e incluso resoluciones judiciales que dejan en libertad a
delincuentes recurrentes.
Precisó que la PGJE cuenta con 300
policías ministeriales en todo el estado, de los cuales 173 están en La Paz,
mientras que la policía preventiva estatal cuenta con 120, la municipal de La
Paz 930, de Los Cabos 627, de Mulegé 246, de Comondú 255 y de Loreto 123, por
lo que hay una corresponsabilidad en el combate a la delincuencia, de la
Procuraduría para investigar y de las preventivas para disuadir a los
delincuentes.
Delincuencia en BCS
Según el reporte de la PGJE en el 2012
se cometieron 20,886 delitos en Baja California Sur, de los cuales 9,140 fueron
robos, 1,983 daños, 1,393 lesiones, 803 fraudes, 719 amenazas, 426 abusos de
confianza, 219 despojos, 78 extorsiones, 143 violaciones, 34 abigeatos, 22
estupros, 35 homicidios dolosos, 47 homicidios culposos, y 5,844 diferentes.
La Paz fue el municipio donde se
cometieron más delitos (10,622), seguido de Los Cabos (7,262), Mulegé (1,395),
Comondú (1,212), y Loreto (395).
Del total histórico de averiguaciones
previas hasta diciembre del 2012 (29,350) se ejerció acción penal en 2,084
expedientes y se determinó enviar a consulta del no ejercicio de acción penal y
reserva de trámite 17,749 del año pasado y anteriores.
Al respecto, el procurador precisó que muchas
denuncias se van al archivo porque no son delitos y otras preescriben.
Gamill Arreola aclaró que el hecho de
que no se resuelvan los casos con la prontitud que quisiera el ciudadano no
quiere decir que exista impunidad en el estado, indicando que se trabaja para
acelerar los procesos.
Destacó que de los 35 homicidios dolosos
registrados en 2012 se han esclarecido 32 con la detención y consignación de 37
personas relacionadas con los mismos.
En ese sentido, expresó que Baja
California Sur no es un estado violento y de acuerdo con la Presidencia, el Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el INEGI y el CONAPO en
2012 fue el tercer estado más seguro del país, teniendo como indicadores el
secuestro con 15%, el robo con violencia 5%, los homicidios por presunta
rivalidad delincuencial 30%, y la percepción sobre la inseguridad 50%.
No todo es negro como señalan algunas
críticas que se protagonizan y forman parte de una campaña contra la
Procuraduría, expuso.
Nuevo sistema de justicia penal
Sobre el nuevo sistema de justicia
penal, el procurador dijo que en 2016 todos los estados deben contar con él,
por lo que en estos momentos la responsabilidad está en el Congreso del Estado
a fin de que una vez que se tenga el marco legal adecuado se pueda acceder a
los programas y bajar los recursos federales correspondientes para la
instalación de la infraestructura necesaria.
Precisó que las reformas al Código de
Procedimientos Penales y al Código Penal
fueron enviadas al poder legislativo desde mayo del 2012, pero a la
fecha no han sido aprobadas.
Explicó que con este nuevo sistema la
justicia podrá ser negociada entre las partes ante la autoridad.
Dijo que este sistema contempla una
justicia alternativa o restaurativa, pues en el caso de los delitos
patrimoniales a la gente lo que le interesa es que se le repare el daño más que
ver a la persona en la cárcel, pero además este último podrá tener beneficios
dependiendo de si fue o no su primer delito o si repara o no el daño.
Mencionó que por ahora los avances que
se tienen son en materia de capacitación, pero este sistema requiere de una
gran infraestructura y equipamiento.
Caso Jonathan Hernández
Expresó que para la Procuraduría General
de Justicia del Estado el caso del asesinato de Jonathan Hernández está
resuelto, hay una persona que está privada de su libertad no por el arraigo,
sino por la resolución de un juez.
“Hay que dejar claro que su privación de
libertad actual no obedece a actos de la Procuraduría, sino del poder judicial,
que primero determina un auto de formal prisión y al momento de levantar el
arraigo dicta una orden de aprehensión y luego una formal prisión. Es un asunto
en el que se están llevando pruebas dentro de la instrucción, pero
procesalmente ya está encaminado”, expresó.
Puntualizó que si bien hay un recurso
pendiente en el Tribunal Judicial de Circuito, ya hubo una actuación y
resultados de la Procuraduría, que si no son aceptados por algunas personas no
quiere decir que no se haya actuado.
Dentro de la averiguación previa en el
que se advierte que tres miembros de una misma familia fueron lesionados, uno
de manera mortal, expresó que todavía quedan algunas interrogantes sobre la
responsabilidad de algunos servidores que no atendieron de manera oportuna el
parte policiaco, recordando que los hechos ocurrieron con un escenario político
en puerta y que se llevó a cabo una marcha para ejercer presión.
Señaló que hubo acceso indebido de
personas cercanas a la familia de la víctima que dirigieron la investigación,
“y no lo estoy diciendo yo, sino el propio expediente, ministerios públicos,
gente que participó, hubo hasta renuncia de funcionarios, una situación que vino
a contaminar el proceso”, finalizó.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario