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miércoles, 24 de abril de 2013

BCS no es un estado violento; nuestro principal problema es el robo: GAL


En 2012 se registraron 20,522 homicidios dolosos en México; 35 de ellos en BCS
Casi el 50 por ciento de los delitos en BCS son robos
Reducir la incidencia de delitos es tarea de todas las áreas vinculadas con la seguridad pública y la justicia, dijo



Por Raymundo León Verde

El procurador general de Justicia del Estado, Gamill Arreola Leal, reconoció que en Baja California Sur todavía hay mucho por hacer en materia de seguridad pública y justicia, pero en la actual administración se han logrado avances sustanciales, pues ya no se habla de secuestros, de despojos a cargo de personas ligadas al servicio público, ni de hijos de políticos agrediendo a la sociedad.
Destacó que Baja California Sur es uno de los tres estados más seguros del país, pero para mantenerlo así, tanto la Procuraduría como las demás instancias de seguridad pública y los poderes legislativo y judicial deben dejar de lado las diferencias, privilegiar las coincidencias, trabajar unidos y cumplir cada uno con su responsabilidad.
Expresó que una de las tareas primordiales de la Procuraduría en estos dos años de gobierno ha sido el de limpiar y ordenar la casa, pues la institución llegó a tocar fondo con múltiples carencias de equipamiento y elementos vinculados dentro y fuera de ella que tenían intereses diferentes a los de la institución .
Dijo que por eso se dieron de baja 150 personas (16 por ciento del personal de la PGJE) y se crearon 70 plazas con un estricto proceso de selección y evaluación.
“Hoy la consigna de quienes trabajan en la Procuraduría es la de cumplir con la normatividad y los fines para los que fue creada que son los de proteger a ausentes, menores de edad, discapacitados, víctimas y ofendidos del delito”, expresó.
Señaló que cuando llegó a la dependencia tuvo que llevar a cabo una reorganización de las áreas, pues en la administración se pagaban servicios de mecánica por arriba del precio a un empleado de la Procuraduría que tenía un taller externo, o bien, hubo un incidente en Los Cabos donde a los policías ministeriales se les acabaron las municiones en un enfrentamiento con delincuentes.
Expresó que hoy se está procediendo al mejoramiento de los servicios forenses fuera de la ciudad de La Paz, pues no es posible que las necropsias se hagan de manera insalubre o que los cuerpos sean trasladados en camionetas cubiertos de hielo como llegó a suceder en otras administraciones.
Dijo que también se homologaron los salarios de los policías porque había mucha disparidad y la intención es construir dormitorios para los elementos que son enviados fuera de sus lugares de residencia, comenzando con una unidad en San José del Cabo para 40 personas donde podrán dormir, comer y asearse, esto para que no tengan que pagar renta de su propio sueldo.
Puntualizó que hoy la policía ministerial cuenta con patrullas nuevas y seminuevas y suficiente combustible que era un reclamo permanente, además de que se distribuyen de manera equitativa en todo el estado y no se concentran en La Paz como sucedía, enviándose a los otros municipios las más usadas.
Para mejorar los servicios periciales se puso en funcionamiento el sistema de huella digital balística con el cual se logran dictámenes balísticos sobre el origen y procedencia de armas y cartuchos, y en La Paz se construyen un laboratorio de genética para realizar análisis genéricos para obtener resultados en menor tiempo y costo.
Además se puso en marcha un campo de tiro virtual y se construye un Centro de Operaciones Estratégicas, aula y oficinas del Instituto Interdisciplinario de Ciencias Penales.
En cuanto a los ministerios públicos, en 2012 se crearon siete agencias de turno simultáneo, dos en La Paz y cinco en Cabo San Lucas, que se suman a las ocho creadas el año anterior.
El procurador dijo que se han hecho muchas cosas en la institución para que sea más eficiente en su labor, pero en dos años no se pueden erradicar todos los vicios que han prevalecido durante décadas.
Señaló que la Procuraduría ha sido blanco de críticas derivadas de intereses afectados, de la grilla y de personas que se sentían con derecho a ocupar el puesto.
Expresó que hay abogados que pueden certificar los avances de la Procuraduría más allá de los dos o tres que se toman como referente y que ya lo querían correr antes de que asumiera el cargo.
Sostuvo que no tiene pensado renunciar y si está en la Procuraduría es porque tiene la capacidad, “pero como no ando haciendo malandrinadas ni me relacionan con actos de corrupción ni con delincuencia organizada, pues algo tienen que buscar, pero mi labor no es contestar a todo lo que dicen, sino trabajar en lo mío y en eso estoy”.
Gamill Arreola indicó que el trabajo de limpieza, orden y equipamiento al final tiene que dar resultados bajando los índices de delitos que en el 2012 fue de 20 mil 886, casi la mitad de robos en sus distintas modalidades.
Sin embargo, expresó que éste no es sólo asunto de la Procuraduría que interviene en los delitos ya cometidos, sino de las policías preventivas, de manera que “no se trata de echarse la culpa unos a otros, sino de que cada quien cumpla con su tarea”.
Admitió que no resolver todos los delitos puede contribuir al aumento de la delincuencia, pero también tiene que ver la prevención y el entorno social como el aumento de la población y el desempleo, e incluso resoluciones judiciales que dejan en libertad a delincuentes recurrentes.
Precisó que la PGJE cuenta con 300 policías ministeriales en todo el estado, de los cuales 173 están en La Paz, mientras que la policía preventiva estatal cuenta con 120, la municipal de La Paz 930, de Los Cabos 627, de Mulegé 246, de Comondú 255 y de Loreto 123, por lo que hay una corresponsabilidad en el combate a la delincuencia, de la Procuraduría para investigar y de las preventivas para disuadir a los delincuentes.
Delincuencia en BCS
Según el reporte de la PGJE en el 2012 se cometieron 20,886 delitos en Baja California Sur, de los cuales 9,140 fueron robos, 1,983 daños, 1,393 lesiones, 803 fraudes, 719 amenazas, 426 abusos de confianza, 219 despojos, 78 extorsiones, 143 violaciones, 34 abigeatos, 22 estupros, 35 homicidios dolosos, 47 homicidios culposos, y 5,844 diferentes.
La Paz fue el municipio donde se cometieron más delitos (10,622), seguido de Los Cabos (7,262), Mulegé (1,395), Comondú (1,212), y Loreto (395).
Del total histórico de averiguaciones previas hasta diciembre del 2012 (29,350) se ejerció acción penal en 2,084 expedientes y se determinó enviar a consulta del no ejercicio de acción penal y reserva de trámite 17,749 del año pasado y anteriores.
Al respecto, el procurador precisó que muchas denuncias se van al archivo porque no son delitos y otras preescriben.
Gamill Arreola aclaró que el hecho de que no se resuelvan los casos con la prontitud que quisiera el ciudadano no quiere decir que exista impunidad en el estado, indicando que se trabaja para acelerar los procesos.
Destacó que de los 35 homicidios dolosos registrados en 2012 se han esclarecido 32 con la detención y consignación de 37 personas relacionadas con los mismos.
En ese sentido, expresó que Baja California Sur no es un estado violento y de acuerdo con la Presidencia, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el INEGI y el CONAPO en 2012 fue el tercer estado más seguro del país, teniendo como indicadores el secuestro con 15%, el robo con violencia 5%, los homicidios por presunta rivalidad delincuencial 30%, y la percepción sobre la inseguridad 50%.
No todo es negro como señalan algunas críticas que se protagonizan y forman parte de una campaña contra la Procuraduría, expuso.
Nuevo sistema de justicia penal
Sobre el nuevo sistema de justicia penal, el procurador dijo que en 2016 todos los estados deben contar con él, por lo que en estos momentos la responsabilidad está en el Congreso del Estado a fin de que una vez que se tenga el marco legal adecuado se pueda acceder a los programas y bajar los recursos federales correspondientes para la instalación de la infraestructura necesaria.
Precisó que las reformas al Código de Procedimientos Penales y al Código Penal  fueron enviadas al poder legislativo desde mayo del 2012, pero a la fecha no han sido aprobadas.
Explicó que con este nuevo sistema la justicia podrá ser negociada entre las partes ante la autoridad.
Dijo que este sistema contempla una justicia alternativa o restaurativa, pues en el caso de los delitos patrimoniales a la gente lo que le interesa es que se le repare el daño más que ver a la persona en la cárcel, pero además este último podrá tener beneficios dependiendo de si fue o no su primer delito o si repara o no el daño.
Mencionó que por ahora los avances que se tienen son en materia de capacitación, pero este sistema requiere de una gran infraestructura y equipamiento.
Caso Jonathan Hernández
Expresó que para la Procuraduría General de Justicia del Estado el caso del asesinato de Jonathan Hernández está resuelto, hay una persona que está privada de su libertad no por el arraigo, sino por la resolución de un juez.
“Hay que dejar claro que su privación de libertad actual no obedece a actos de la Procuraduría, sino del poder judicial, que primero determina un auto de formal prisión y al momento de levantar el arraigo dicta una orden de aprehensión y luego una formal prisión. Es un asunto en el que se están llevando pruebas dentro de la instrucción, pero procesalmente ya está encaminado”, expresó.
Puntualizó que si bien hay un recurso pendiente en el Tribunal Judicial de Circuito, ya hubo una actuación y resultados de la Procuraduría, que si no son aceptados por algunas personas no quiere decir que no se haya actuado.
Dentro de la averiguación previa en el que se advierte que tres miembros de una misma familia fueron lesionados, uno de manera mortal, expresó que todavía quedan algunas interrogantes sobre la responsabilidad de algunos servidores que no atendieron de manera oportuna el parte policiaco, recordando que los hechos ocurrieron con un escenario político en puerta y que se llevó a cabo una marcha para ejercer presión.
Señaló que hubo acceso indebido de personas cercanas a la familia de la víctima que dirigieron la investigación, “y no lo estoy diciendo yo, sino el propio expediente, ministerios públicos, gente que participó, hubo hasta renuncia de funcionarios, una situación que vino a contaminar el proceso”, finalizó.